Los populares lamentan el colapso judicial provocado por la "lentitud y apatía" de la Junta, con 102.151 sentencias sin ejecutar en 2011 en la provincia de Málaga

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La candidata número 1 por el PP de Málaga al Parlamento de Andalucía, Esperanza Oña, ha lamentado hoy que la actitud de la Junta de Andalucía sea de “lentitud” y “apatía” con el  sistema judicial. De hecho, ha criticado que la provincia “a pesar de ser la que acumula el mayor número de litigios de toda la Comunidad es la más olvidada por el Gobierno andaluz, que no pone ningún remedio a los colapsos que sufren los procesos”.

Oña, que se ha reunido hoy con representantes del Colegio de Procuradores de Málaga, un colectivo que en la provincia agrupa a unos 450 profesionales, ha explicado que el colapso y la “lentitud” es tal que los procesos civiles pueden tardar hasta 42 meses; los penales entre 28 meses y siete años; y los contenciosos incluso pueden tardar tres años.

De hecho, en Andalucía a cierre del pasado ejercicio existían 624.000 asuntos pendientes, lo que supone un 40% más respecto a la legislatura anterior; y además se acumularon 444.000 sentencias sin ejecutar, un 61% más. Cifras que, tal y como ha expresado, en la provincia “no son mejores” ya que se acumularon 128.815 asuntos pendientes de resolver, un 34,5% más; y hasta 102.251 ejecutorias, una cifra un 63% mayor que en 2008.

“Lejos de resolverse los problemas se enquistan”, ha sentenciado la popular frente a “la pasividad” de la Junta de Andalucía.  “Por si los problemas de los colapsos fueran poco, nos encontramos con el problema de que las bajas de los funcionarios no se están cubriendo”, ha añadido a la vez que ha recordado a su vez que el Plan de Infraestructuras Judiciales 2002-2009 solo ha ejecutado en la provincia el 50% de lo contemplado. “En los últimos 10 años solo se ha llevado a cabo la mitad de lo previsto”, ha indicado.

Así, ha informado de que en toda la provincia faltan 31 nuevos juzgados a pesar de que en concepto de alquiler de sedes judiciales “se han perdido en los últimos cuatro años 6,3 millones de euros en Málaga”, una cantidad que como ha recordado “se podría invertir en infraestructuras judiciales y saldríamos todo ganando”. “Es cierto que estamos atravesando una crisis, pero en época de bonanza tampoco ha sido distinto”, ha subrayado.

En esta línea, ha criticado que la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones, haya reducido a la mitad la plantilla de los funcionarios de guardia en la Costa del Sol algo que, según ha recordado, “nos repercute a todos y no soluciona los colapsos que la provincia sufre en materia de resoluciones judiciales”. “Todos los andaluces nos sentimos olvidados por el sistema judicial y por el trato que la Junta le está dando al sistema, que llega a ser de boicot y olvido con Málaga”,  ha expresado.

Además, ha apuntado que en la última legislatura autonómica ha habido cuatro consejeros de Justicia y que incluso ahora “no existe la Consejería de Justicia como tal, si no que es de Gobernación y Justicia”. Por ello, se ha comprometido en trasladar al candidato a la presidencia, Javier Arenas, la petición del colectivo de procuradores de mantener la consejería de Justicia de forma no compartida.

Reivindicaciones

Entre  las reivindicaciones que ha recogido durante la reunión ha sido la del acceso del colectivo al sistema público de salud, ya que actualmente el colectivo “no tiene derecho a la atención sanitaria universal y gratuita que todos pensábamos que teníamos derecho”; así como el apoyo al sistema y asistencia jurídica gratuita ya que actualmente “no se le está dando la importancia que realmente tiene”.

Otras de las propuestas que le han planteado los profesionales ha sido la del apoyo a la reforma judicial en general ya que, tal y como ha compartido Oña, “en Andalucía la administración es muy lenta y antigua”. En este sentido, ha expresado que si hay un cambio de gobierno “la Justicia será materia fundamental y nunca se tomarán decisiones a las espaldas de los colectivos”.

Finalmente, ha lamentado la actual cantidad que se les adeuda a los procuradores, que llega alcanzar los 600.000 euros por reclamación patrimonial en Málaga y hasta los 6 millones de euros en Andalucía. Además, según ha recordado también se les adeuda en concepto de infraestructuras “porque han puesto dinero de sus bolsillos y ahora se les dice que si se les paga se les pagará la mitad”.

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